Barcelona, mayo de 1985

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2/5/1985

En tiempos de crisis, vuelven algunos fantasmas. En el 85, que estábamos, a pesar de todo, mejor que ahora, los robos de chatarra empezaron a ser tan numerosos que dos de las principales empresas importadoras contrataron agencias privadas de seguridad para que custodiaran sus desperdicios férricos. Querían averiguar si los hurtos se producían en los puertos de carga o durante los viajes, sobre todo porque desde Gran Bretaña acusaban de los robos a España (¡esa fama!). El tema es que el portavoz de una de las empresas, Torras Herrería, manifestó que detectaban robos en el 90% de las importaciones. Tras contratar la seguridad, los dos primeros barcos llegaron con la carga intacta, pero en el tercero faltaban 200 toneladas. Así que sí, los robos se producían antes de que el barco recalara en la Condal. La fama no nos correspondía (al menos en ese caso).

3/5/1985

A Badalona no le sentó bien la remodelación de la xarxa de autobuses, que se había realizado a raíz de la inauguración del metro. Unas 2.500 personas, entre ellas, el exalcalde del PSUC, Màrius Díaz, se manifestaron para exigir la reimplantación de las antiguas líneas. Increparon duramente al regidor del momento, el socialista Joan Blanch, gritándole que les quitaban lo poco que tenían. La protesta fue tan hardcore que los vecinos fueron secuestrando autobuses durante la semana previa hasta llegar nada más y nada menos que a catorce. Los vecinos decían que los estaban custodiando para que nadie les ocasionara daños. Recogieron 4.000 firmas de apoyo en barrios como el Pomar, que había quedado aislado, para que la línea BS volviera a unirlo con el centro de Barna. Todos los comercios y la escuela pública del barri cerraron sus puertas para solidarizarse con la situación.
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8/5/1985

Los 3.000 agentes de la Guàrdia Urbana que ya tenía entonces Barcelona no estaban armados. Hasta entonces. En mayo del 85 empezó el suministro de 2.414 revólveres, que se completaría en tres años. Los agentes tenían que someterse a una prueba de capacitación y cada arma le costaba a la ciudad 23.000 pelas (para los de la LOGSE, casi 140€). Al armamento se sumaba la construcción de nuevos cuarteles en cada distrito, que el Ayuntamiento justificaba como “reafirmar la descentralización y hacer posible que los guardias dispongan de mejores condiciones para su formación”.

10/5/1985

La policía estaba en plena reorganización. El conseller de Governació, Macià Alavedra, quería que el nuevo modelo de seguridad estuviera controlado por la Generalitat. Todos los partidos estaban de acuerdo en que era necesario un sistema de seguridad propio, ya que así lo reconocía el Estatut, todos menos el PP. ¿Y quién representaba entonces a este partido? Jorge Fernández Díaz, sí, nuestro queridísimo ministro del Interior y autor material de la Ley Mordaza.

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