Criminalizando a los huelguistas

20.000 personas trabajan en Movistar con unas condiciones de miedo. Tanto, que lo han perdido. Eso les ha llevado a una huelga que en la comarca del Bages se está siguiendo al 100%, según La Directa. Es indefinida y denuncia las condiciones laborales de los instaladores de telefonía. Y es pionera, porque nunca antes había habido una protesta tan masiva en el sector.

Los trabajadores afectados son, claro, autónomos y empleados de las subcontratas de Movistar, no los fijos, que también han apoyado la huelga en solidaridad con sus compañeros. Piden la “reinternalización” de los servicios que realizan, instalaciones y algunas reparaciones (aunque contrates otra compañía, la instalación corre a cargo siempre de Movistar), que se han ido externalizando desde la privatización de Telefónica en los 90. Y con la externalización vino la precarización de las vidas de los trabajadores.

Siendo un sector clave, la huelga es importante. Pero no encontrarán información de ella en Telefónica, que ni siquiera da datos de seguimiento, ni en los medios de comunicación. O si la hallan, será criminalizadora, como denuncia Media.cat. En un reportaje de El Mundo se llega a decir que por culpa de la huelga, la Guardia Civil tuvo serios problemas para atender un caso de violencia de género. Quien juega con la banalización, acaba siendo objeto de mofa. Porque eso sí, de entrevistar a sindicatos y/o trabajadores, ni rastro.

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