Cuando usted lea estas líneas ya sabrá si Colau repite como alcaldesa o no. Pero yo, ni entregando tarde esta columna, puedo predecir qué pasará. Así que mientras pulo mi bola de cristal, les invito a viajar conmigo al pasado, que en eso tengo tablas. Vamos a evaluar el legado de BComú en materia de vivienda.

Fondos buitre. El Ayuntamiento de Barcelona le ha cascado a dos fondos buitre 2,8 millones de euros de multa por tener pisos vacíos. Concretamente dos fincas que llevaban 6 años sin inquilino en las calles Aragó y Pau Claris, en pleno Eixample. En total eran 24 viviendas. La sanción se decidió en virtud de la aplicación de la ley de vivienda de 2007, que permite sancionar a un propietario cuando tiene un piso vacío más de dos años al no cumplir el inmueble con su “función social”. La multa asciende a una cantidad millonaria, pero ¿solo ha habido 24 pisos vacíos en estos cuatro años de mandato? ¿Solo dos fondos buitre están carroñeando con un derecho constitucional?

30%. Colau y los suyos consiguieron aprobar una medida heredera del Ayuntamiento de París, que exige que el 30% de las nuevas promociones privadas o rehabilitaciones integrales se destinen a vivienda asequible. También obliga a los propietarios de suelo residencial a construir antes de que el solar esté dos años vacío. Eso de esperar a que suba el precio de mercado, c’est fini.

Eso sí, entre que el Ayuntamiento la aprobó y la Generalitat firmó el acuerdo, pasaron casi tres meses en los que se registraron entre 50 y 60 solicitudes de obras más que el año anterior. La especulación sí entiende de prisas cuando le van a comer la tostada. BComú estima que en ese lapso de tiempo se perdieron 300 viviendas que se habrían podido destinar a lo público. Parece poco pero, cuando la vivienda social solo representa el 2% del mercado, cada metro cuadrado cuenta. Sobre todo si se toma en consideración que es la única competencia de una ciudad para tirar de los precios privados hacia abajo.

Vivienda pública. Cuando BComú llegó al poder, en Barcelona había 6.500 viviendas públicas. Ninguna de ellas se levantó durante el mandato del convergent Xavier Trias. En estos cuatro años, Colau ha construido 66 promociones, de las que el 80% se destinan al alquiler. Con los pisos comprados por el ejecutivo municipal, en total la ciudad ha sumado 4.500 viviendas más a su haber, aunque algunas están todavía en obras.

La inversión ha sido de 580 millones de euros que se amortizarán en 30 años. El 95% con pasta del consistorio. Para el 5% restante, Barcelona ha tenido que recurrir a la banca pública de la Unión Europea, porque si hubiera que esperar a la Gene o al Estado nos hubiéramos ido todas a vivir bajo un puente. Aparte de la obra nueva, el Ayuntamiento se ha hecho con 18 edificios en distintos puntos de la ciudad para salvar a vecinos a punto de ser expulsados, o para rehabilitarlos y devolverlos al mercado a un precio razonable.

¿Competencias? Berlín, Nueva York, Lisboa o Viena han conseguido en los últimos años regular el precio del alquiler por ley. Pedro Sánchez se reunió en diciembre de 2018 con la alcaldesa Colau y se comprometió a transferir esa competencia para que Barcelona pueda controlar los precios y garantizar el derecho a la vivienda. Ahora que ha conseguido el sillón de la Moncloa para cuatro años más, necesitará de la presión social para ceder ese poder a la Condal. Y a la alcaldesa o al alcalde que ustedes ya conocen.