Pareciera que, en vez de una coalición, hubiera dos gobiernos paralelos y lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda.

Cuando Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona, lo hizo con un programa político que, sintetizado, venía a decir: nunca más una institución que olvida a quien está en los márgenes. Entonces nos preocupaba el turismo masivo, los desahucios o la incipiente crisis del alquiler. Ahora los problemas se parecen, pero las intenciones ya no son las mismas. En pleno agosto, el ejecutivo desalojó los jardines de Sant Pau, donde dormían inmigrantes sin papeles y menores no acompañados. La situación del parque era compleja, pero ¿es esta la manera de proceder de un gobierno municipal que prometía ser diferente?



Marta y Julia, dos vecinas del Raval, llevaban meses, junto a otras personas del barrio, acercándose a los chavales que vivían en el parque. Llegaron incluso a celebrar el Iftar allí durante el ramadán, pero también acompañaron a varios chicos –hay muy pocas chicas, casi ninguna– a tramitar papeles o a pedir cita en el médico. Un día, de golpe y porrazo, los niños ya no estaban allí.

El lunes 5 de agosto, con estivalidad y alevosía, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana y Policía Nacional cercaron los jardines e identificaron a todas las personas que estaban allí. Convivían distintos grupos: personas sin hogar, africanos que se dedican a la chatarrería, menores extranjeros solos en el mundo y chavales extutelados: esos que al cumplir los 18 se quedan en la calle sin solución de continuidad.

La Policía Nacional se llevó a nueve de ellos al Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca y dijeron que no había ningún menor.
Saltaron las alarmas, ¿cómo puede permitir el Ayuntamiento de Colau una cosa así?

“Hay una realidad compleja en ese parque, sí, pero ¿es esta la medida para resolver el tema? ¿Dispersar es la medida?”, se preguntaba Marta. El Ayuntamiento contestó que había mandado a los servicios sociales, que estos habían detallado allí sus ofertas y que nadie se había acogido a ellas. “Es un lavado de cara”, añadía Julia. El consistorio y las fuerzas de seguridad negaron que hubieran encontrado a menores en situación de calle, pero esa misma tarde me acerqué a los jardines y pude hablar con varios que aún van a pasar allí el día. La mayoría habían decidido irse a dormir a Montjuïc. ¡Mucho más seguro para ellos y para todos los demás, dónde va a parar!

Si hace cuatro años el discurso público giraba en torno a la expulsión de vecinas por el turismo, hoy gira en torno a la inseguridad, incluyendo en la gravísima crisis robos, como el de un reloj de 200.000€ al embajador afgano. Esa narrativa al final justifica la expulsión de todo lo que “molesta” del centro. Ante la imposibilidad de dar soluciones desde la izquierda, Barcelona en Comú firmó el gobierno con el PSC y le otorgó la cartera de seguridad. Desde entonces, ha externalizado en los socialistas todo lo que tenga que ver con el tema. Tanto es así que, tras el desalojo de Sant Pau, el regidor de Ciutat Vella, de BComú, no tenía nada que decir sobre el asunto. Cuando le pregunté, me redirigió a la portavoz del departamento de seguridad. Pareciera que, en vez de una coalición, hubiera dos gobiernos paralelos y lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda.

Pero ahora estamos en septiembre. La vuelta al cole, mira qué precios de vivienda, se van los guiris, hay que ir sacando la chaquetita y, el otro día, dando una vuelta, entramos a los jardines de Sant Pau y, joder, los han dejado preciosos. Y como los migrantes, menores o mayores de edad, solos o acompañados, no votan y ya no hay partido que rescate en los márgenes, habrán desaparecido. Hasta que el próximo verano alguien redescubra el titular en Montjuïc o en otro parque. Y la historia volverá a empezar, siempre con las mismas víctimas.