Después de cuatro años de proceso judicial, la Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a los trece jóvenes acusados de daños y desórdenes públicos durante la manifestación a favor de la rebaja de un 30% de las tasas universitarias (que en 2012 aumentaron “solo” un 60%) en marzo de 2017. Fiscalía pedía para cada uno de ellos 8 años y medio de prisión y 11.000€ de multa por los altercados generados en la protesta.

Los disturbios en cuestión fueron la quema de dos contenedores, el lanzamiento de bolas de pintura a una compañía de telefonía y la ruptura de un cristal de una entidad bancaria. Pese a estos incidentes, la movilización transcurrió con una relativa normalidad, y la policía no vio la necesidad de cargar ni de dispersar a los manifestantes. Tampoco de detener ni de identificar a ninguno de los acusados durante el transcurso de la protesta.

Sin pruebas concretas ni garantías procesales

Y ahí está lo más polémico del caso. Como no fueron identificados provocando ningún altercado, las principales pruebas para inculpar a los estudiantes son las grabaciones que se hicieron durante la manifestación (sí chicxs, los Mossos nos graban cada vez que salimos a protestar) en las que se veía que estuvieron presentes en la protesta. A partir de las imágenes, los agentes policiales solo pueden vincular directamente a uno de ellos con la quema de un contenedor.



Aún así, Fiscalía mantuvo durante el juicio que los trece encausados cooperaron entre ellos para cometer el delito: vigilando, avisando, etc. Por ello los considera a todos autores (ni siquiera cómplices) de estos disturbios, y les pide a todos la misma pena. Xavi Monge, abogado de Alerta Solidaria, cree que es una interpretación forzada del concepto de co-autoría que no busca otra cosa que justificar el seguimiento policial a los estudiantes (casualmente, todos miliantes del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, SEPC) y las detenciones de varios de los acusados que hubo la víspera de una huelga estudiantil.

Sorprendentemente (nótese la ironía), la sentencia concluye que se les imputaron “de forma indiscriminada e imprecisa” los disturbios. Además, ha dictaminado que durante el procedimiento judicial se vulneró el derecho fundamental a la defensa de los jóvenes al no informarles de los hechos delictivos de los que se les acusaba hasta conocer el escrito de acusación de la Fiscalía y no cuando prestaron declaración, como exige la ley. Una falta en el procedimiento que genera una indefensión en los acusados y un “quebranto de garantías procesales” durante la fase de instrucción.

En consecuencia, la causa se ha anulado y los encausados han sido absueltos. Pero pongamos por caso que la justicia se ha equivocado y que los trece estudiantes son culpables de desórdenes y daños públicos. 110 años y medio y 143.000€ en total parece una multa bastante fuerte por liarla en una manifestación, ¿no?

Los contenedores que pagamos todos

Foto: Paula Lara

Aunque claro, se incendiaron dos contenedores. Y los contenedores quemados son casi siempre los protagonistas de los telediarios y las redes durante las protestas más mediáticas de Barcelona, mucho más que la actuación policial o los propios motivos que llevaron a miles de personas a reivindicar su derecho a una educación pública. Hay quien demoniza esta práctica y quien la considera una táctica necesaria para poder seguir ejerciendo su derecho a manifestarse. Uno de los principales debates es que los contenedores no son gratuitos y los pagamos todos los contribuyentes. Pero, ¿cuánto cuesta un contenedor?

Durante la semana de protestas en contra de la sentencia a los presos del procés se llegaron a quemar 400 contenedores en una sola noche y el Ayuntamiento de Barcelona afirmó que el coste de reponerlos supondría aproximadamente medio millón de euros para la ciudad. Dicho así suena fuerte, pero si hacemos el cálculo, lo que realmente nos está diciendo nuestra administración pública es que cada contenedor cuesta 1.200€.

Sin entrar en si es mucho o poco, lo que está claro es que de los 2.400€ que costaron los dos contenedores que se quemaron durante la manifestación estudiantil a los 143.000€ que les piden en total, hay una gran diferencia. Y teniendo en cuenta que los Mossos d’Esquadra cobran entre 2.700€ y 2.900€ (ni falta hace decir que, como mínimo, el doble que cualquier encargado de la limpieza urbana), con una multa de este calibre pueden pagarles las vacaciones a todos los trabajadores que tuvieron algo que ver con los altercados de la manifestación, y a unos 5.000 más, aproximadamente.

Pero también es cierto que, además de subsanar los gastos que el incumplimiento de la norma haya podido causar, una multa tiene el objetivo de sancionar y desmotivar a aquel que ha cometido un delito, para que no vuelva a reincidir. Como explica la psicóloga clínica Francisca Román, “tanto las sanciones económicas como la restricción de libertades son mecanismos punitivos del poder judicial que buscan instalar en la sociedad una narrativa sobre aquello que está bien y aquello que está mal, promoviendo así el control social en base a las normas establecidas por el poder”.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar

Foto: Paula Lara

Pero la multa en cuestión debe respetar, entre otros, el principio de proporcionalidad. Si tenemos en cuenta este principio, las penas de entre 8 y 9 años de prisión deberían corresponder a delitos de la misma gravedad que quemar un contenedor. Si la sanción es demasiado alta para la falta que se ha cometido, podemos estar hablando de un castigo ejemplar. El mes pasado la Físcalia pidió 8 años y 9 meses de prisión a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad intelectual. En febrero se condenó a una mujer a 8 años de prisión por intentar asesinar a su ex pareja en Castellón. Ese mismo mes se sancionó a un hombre con una multa de 11.000€ y un año en prisión por vender drogas en una residencia de estudiantes en Zamora.

Se entiende como desorden público todo acto, individual o en grupo, que altere la paz pública con actos de violencia sobre las personas o las cosas. Se podría decir que violar, traficar o asesinar son acciones que van bastante más allá. Actos que entrarían dentro del delito que le imputan a estos estudiantes serían, por ejemplo, las peleas callejeras. Cuando investigas qué sanciones suelen recibir, descubres que suelen ser multas que no llegan a los 1.000€.

Visto lo visto, quizás estamos delante de un castigo ejemplar o, al menos, de una pena desproporcionada. Pero curioso es que, cuando los delitos están relacionados con protestas sociales, las penas sí que suelen ser así de altas. Sin ir más lejos, hace dos semanas tres activistas del Sindicat de Llogateres afrontaron un juicio en el que Físcalia les pide 3 años de prisión a cada uno por impedir un desahucio, y el 17 de junio Marcel Vivet fue condenado a 5 años de prisión por agredir a un mosso en la muñeca con el palo de una bandera (aunque después la presión mediática haya hecho que se rebaje la pena a seis meses).

¿Qué puede ganar nuestra justicia siendo tan dura con los movimientos sociales, que luchan por el bien común? Los jóvenes absueltos han afirmado repetidamente durante los años que ha durado el proceso judicial se han sentido cohibidos a la hora de participar tan activamente como querrían en actos sociales y políticos, como otras manifestaciones, y han denunciado que precisamente este era uno de los objetivos de Físcalia, generarles miedo para apartarlos del activismo.

Según Román, castigar de una forma ejemplar cada pequeño acto de las protestas sociales, además de atemorizar y condicionar a los encausados, acaba estableciendo una imagen negativa de dicha causa en nuestro sistema de valores: “son movimientos que buscan variar el relato actual. Ante eso, un castigo rígido que instale el miedo tanto a nivel individual como social a realizar dicha acción es más económico, fácil y eficaz para preservar el orden establecido que vigilar que todos los ciudadanos cumplan con las normas.”

Personalmente, yo soy de esas que se marchan de la manifestación a la mínima que intuyen que pueden empezar los disturbios, por pequeños que puedan ser y por muy de acuerdo que esté con la causa. Puedo decir que la política del miedo ha funcionado conmigo. ¿Y con vosotros?