¿Por qué nosotras somos una generación más empobrecida que la anterior sin haber sufrido una guerra? Porque en nuestras sociedades se permite y anima especular con un bien básico como la vivienda sin que ninguna institución, de momento, mueva ficha. El país de los propietarios, ni resignándose al alquiler —porque aún estamos muertas de miedo por el desahucio—, no encuentra la calma. Los fondos de inversión no han tardado en hallar su caramelo en un nuevo negocio en el que las instituciones brillan por su ausencia.

La Generalitat aprobó recientemente un decreto ley para regular el precio del alquiler con tantas excepciones que prácticamente no sirve para nada. El pasado diciembre, la alcaldesa Ada Colau se reunió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y este se comprometió a transferir a la ciudad la competencia para poner coto a los precios. Pero como ambos han pasado por unas elecciones, aquel acuerdo quedó en populista agua de borrajas. Ahora que han sido reelegidos, podrían, como propuesta, centrar su atención en la regulación de la capital europea del alquiler: Berlín.



El porcentaje de vivienda de alquiler social de Berlín es solo del 6 % del total, pero aquí apenas llega al 2 %

Berlín, que tiene los precios del alquiler regulados por ley al milímetro, decidió en junio congelarlos durante cinco años con la introducción de un tope. No es ninguna tontería, porque de los 1,9 millones de viviendas que tiene la ciudad, 1,6 son de alquiler. Cada zona de Berlín tiene un precio máximo por metro cuadrado que no se puede exceder. Con el nuevo plan, esa cifra máxima será la misma hasta, de momento, 2025. Como la ley no entra en vigor hasta enero del año que viene, se ha aprobado con efectos retroactivos para que a ningún pícaro propietario se le ocurra subir el alquiler antes de que las cosas cambien. Además, el gobierno berlinés quiere aprovechar esta tregua para poner en marcha las excavadoras.

Vamos a ver. Vayamos al detalle. Comparar la situación de nuestras colegas berlinesas con la nuestra daría para montar un programa del Club de la Comedia, pero hay que hablar de este escándalo. El porcentaje de vivienda de alquiler social en Berlín es solo el 6 % del total, pero aquí apenas llega al 2 %.

El precio de la vivienda en Alemania es mucho más barato que en España y eso que sus ciudadanos tienen salarios más altos. El resto de viviendas que no son públicas pagan en Berlín un precio medio de 11,70 € por metro cuadrado, mientras en Barcelona se pagan ya 13,6 €. De locos.

Hay más, más aún: Barcelona, con la más conocida activista por la vivienda como alcaldesa, solo construyó 4.600 pisos públicos en la última legislatura, mientras que en Berlín se levantaron cuatro veces más viviendas en solo un jodido año. 16.706 concretamente.

Pero eso sí, si hablamos de vivienda, en los medios veremos los grandes titulares sobre Berlín y escasas referencias al desastre patrio. En Alemania, los sindicatos de inquilinos están tan arraigados que en marzo plantearon una consulta popular para dilucidar si habría que expropiar viviendas a los grandes fondos. La idea es fijar el límite en 3.000 pisos en propiedad, un buen palo para grandes como Deutsche Wohnen AG que tienen alrededor de 110.000 en todo el país. La iniciativa deberá recoger 180.000 firmas para que se convoque un referéndum que permita las expropiaciones, amparadas por la Constitución alemana “solo por motivos del bien común”. Si aquí a alguien se le ocurre hablar de multar a los bancos por tener pisos vacíos con una emergencia digna de guerra, los medios de masas y parte de la opinión pública liberal lo engullen.

Quizá es eso lo que necesitamos, una guerra. Pero nadie quiere morir ni matar por derechos en la Europa del siglo XXI. Así que nos quedan la narrativa y el discurso. Para creernos nuestros derechos, quizá hay que hablar de esta locura todo el rato. Si no, como a los locos, nunca nos harán caso.