El proyectazo que no será

El Ayuntamiento abandona al Gimnàs Sant Pau. No solo es un gimnasio social. El equipo del Gimnàs Sant Pau quería desarrollar también un proyecto de vivienda que sería la envidia de Europa. “Quería”, porque el Ayuntamiento de Barcelona ya les ha dicho que será difícil cumplir con el resultado del pleno en el que se aprobó la compra del espacio, según fuentes conocedoras del caso. Los trabajadores negocian ahora una solución intermedia con un par de empresas privadas, a través del mundo de las fundaciones que hacen de intermediarias con la responsabilidad social corporativa. Con ellas salvarían a medias la ilusión.

El Gimnàs de la Ronda Sant Pau ofrece 1.200 duchas mensuales a personas sin hogar, tiene uno de los únicos vestuarios para transexuales de Europa; cierra su piscina en un horario determinado para que vayan a nadar solo mujeres musulmanas; alberga clases de natación solo para transexuales para que puedan mostrarse con sus cicatrices sin miedo al rechazo, y da clases de kick-boxing a mujeres para su autodefensa feminista. También acoge a decenas de niños que no pueden pagarse el deporte y acepta a cambio sus notas del cole. En total, 450 socios pagan para que otras 900 personas puedan acceder a sus instalaciones. Incluso el Ayuntamiento les deriva casos de personas que necesitan las duchas o que están en un riesgo de exclusión que el Gimnàs puede evitar. Eso sí, sin pagar ni un céntimo por esas derivaciones.

El ejecutivo de Ada Colau evitó su desahucio en abril de 2017. Llegó a un acuerdo por el que la propietaria de la finca, la familia Samaranch-Viñas, les alargaba el contrato hasta junio de 2020 a cambio de que el Gimnàs pagara las mensualidades de 2015 y 2016 que todavía le debía. Además, el Ayuntamiento se reservaba la posibilidad de ejercer el tanteo y retracto y comprar la finca cuando acabara el contrato.

Ante la emergencia habitacional del barrio, donde se suceden los desahucios por impago de hipotecas o alquiler, los trabajadores del gimnasio se lanzaron a un nuevo proyecto para construir vivienda. Aprovechaban que la finca actual ocupa solo la planta baja y un piso encima. Aquí es donde empieza el verdadero sueño: una cooperativa de barrio y vivienda con 47 pisos. Desmenucemos el proyectazo.

El Sant Pau quiere construir esos pisos apoyándose en 3 pilares: el Ayuntamiento, una cooperativa de vivienda ‘al uso’ y otra social. Así, el 30% de los pisos los gestionaría la taula d’emergència, el otro 30% serían para las familias que accedieran a la cooperativa de vivienda pagando una entrada de 8.000 euros —y luego 500 al mes por un piso de 70 metros cuadrados—, y el último 30% sería para familias que no pueden asumir la inversión inicial pero sí aportar mano de obra para construir el edificio. Además, en la cuota de la cooperativa, los 500 euros mensuales (que serían lo que entendemos por un alquiler) servirían para pagarle el piso y el sueldo a una educadora social que dinamizaría la convivencia de la comunidad. Tendrían también tres terrazas a compartir, una de ellas destinada a huertos urbanos. Suena bonito, ¿no? Aún hay más.

Dadas las circunstancias y ya que el equipo del Sant Pau no veía viable crear una cooperativa de vivienda como la que tiene, por ejemplo, La Borda, pensaron en una cooperativa de barrio. Cuando se crea una para gestionar pisos, la entrada suele ascender a 20.000 euros, una cantidad que no consideraban posible asumir para los vecinos del Raval. Así que en la nueva idea participarían los movimientos sociales como Acció Raval o Acció Reina Amàlia, las asociaciones del eje comercial del Raval, el Consell Islàmic de Catalunya o las Teresianes. La idea es que, igual que ya sucede en otras cooperativas en Euskadi, la vivienda se construya con materiales de empresas que no estén a más de equis distancia de la finca (en algunas cooperativas son 400 metros, pero ese depende del lugar y su entorno) y que estas, a su vez, publiquen sus ofertas de empleo primero con los habitantes de la comunidad. ¿Es o no es la definición de economía circular?

Los números no son exactos, pero el Ayuntamiento necesitaría primero comprar la finca, que asciende a 5,5 millones de euros, y aportar a la construcción del proyecto 3 más. El millón y medio restante sería un crédito que se iría devolviendo con la entrada del 30% de los vecinos y después, con la cuota de 500 euros. Además, con una cesión del uso de 15 años, en ese tiempo el Ayuntamiento recuperaría la inversión y ganaría además, un suelo con 47 pisos.

Bien, pues basta de soñar. A meses de la campaña electoral, Ciutat Vella no puede gastar ni un euro más. De los presupuestos de este año, se ha llevado 23.116.306 euros, mientras otros distritos como Nou Barris, caladero de votos de BComú, se han quedado en 21.561.898. El 0,99% y el 0,93% del presupuesto total de la ciudad, respectivamente.

No está todo perdido, pero el Sant Pau ha avanzado sus negociaciones con un par de empresas privadas que se han ofrecido a salvar el gimnasio sin sacar beneficio económico a cambio. Lo derrumbarían y construirían uno nuevo, pero eso sí, los pisos que levantarían serían para el libre mercado, aunque los beneficios se destinarían a vivienda social de otras entidades. Al menos, el proyecto del gimnasio social se salvaría. Pero adiós al sueño de la vivienda en la ciudad del Estado más castigada por la especulación inmobiliaria. Ayuntamiento sabrá. El tiempo se acaba.

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